El presupuesto 2010 emanado del Congreso de Morelos

Martes, 08 de Diciembre de 2009 00:00
Se acerca la hora fatídica de la aprobación del presupuesto. Los diputados priístas están haciendo rounds de sombra y advierten que reorientarán una buena cantidad de recursos. Quizá sea así o quizá sólo estén elevando el costo de la “negociación”. El hecho es uno: los legisladores pueden presumir lo que sea, que reorientarán el gasto, que desaparecerán la recién creada Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que recortarán gasto corriente… en fin, lo que sea. Pero ese no es el meollo.
El tema que realmente preocupa en Casa Morelos es el artículo 9 del presupuesto de egresos, que actualmente establece en su párrafo segundo: “por conducto de la Secretaría (de Finanzas y Planeación), (el Ejecutivo) podrá realizar las asignaciones, reasignaciones, transferencias y modificaciones al Presupuesto de Egresos del presente decreto, necesarias en las partidas autorizadas, a fin de garantizar la ejecución de los Programas Operativos Anuales, asimismo, podrá realizar las modificaciones que se puedan presentar entre las partidas de gasto sustentadas con los recursos que la Federación transfiere y de los Convenios celebrados con la Federación cuya aplicación esté determinada por reglas específicas que para cada caso se emitan, por lo que serán considerados como un gasto de ampliación automática, en términos de la Ley, informándole posteriormente en la cuenta pública trimestral de dichas modificaciones autorizadas”.
Lo que significa que el gobierno puede hacer las modificaciones en el presupuesto que considere, sin la necesidad de la autorización en el Congreso del Estado. Y aunque se ha presumido mucho que los diputados pretenden acotar el poder del gobierno en ese sentido, no ocurrirá si no una acotación simple, pero evitando la parálisis del ejercicio de gobierno, más aún en un año de crisis económica tan fuerte, como el 2010.
Y no lo harán, dado que los municipios padecerían los efectos de la parálisis, circunstancia que no beneficiaría en nada a los diputados, quienes tienen compromisos fuertes con los municipios, no tanto por su espíritu federalista como por los intereses electorales que reviste la relación diputado-alcalde. En fin, que seguramente el artículo 9, quedará más o menos en los mismos términos